persiana dinamica




Este es el BLOG WEB DE CONTENIDO del Grupo ICEDA BUFETE DE ABOGADOS. No es nuestra página de presentación. Cuando esté habilitada esta, lo estaremos comunicando.

Con Abogados permanentes en BOGOTÁ D.C. y VALLEDUPAR (Sus municipios aledaños).

DEFENSAS PENALES: En Bogotá D.C. y Valledupar (Municipios Aledaños).

DEMANDAS CONTRA EL ESTADO Y ENTIDADES PÚBLICAS: Todo Colombia.

TODA COLOMBIA: Muchos servicios pueden prestarse desde Bogotá D.C. y a través de LA INTERNET para toda Colombia. Consúltenos.

Servicio HABEAS DATA FINANCIERO (Reportes/datos negativos en CENTRALES DE RIESGO Datacrédito y Cifín) presencialmente sólo en Bogotá D.C. y por INTERNET . Ver en el Menú OTRAS áreas de práctica.

whats

whats
DESDE ESTE FORMULARIO PUEDES ESCRIBIRNOS. ASEGURATE DE ESCRIBIR BIEN EL E-MAIL Y ENVIANOS UN # CELULAR

CONTACTENOS

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

:: SUSCRÍBASE A NUESTRAS NOTICIAS, NOVEDADES Y TIPS JURÍDICOS ::

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Para buscar un tema específico, use este buscador.

nuestro director en tv

NUESTRO DIRECTOR EN ENTREVISTA DE TELEVISIÓN

SOBRE ENTREVISTA

Nuestro Director en Entrevista de Televisión, hablando sobre uno de los temas que maneja. Entrevista editada por el Canal. Prescindieron de mucha información importante, pero aún así sigue siendo muy útil. Para una mejor orientación y consulta en este tema, escríbenos a través del formulario que encuentran en esta web. DEFENDEMOS los INTERESES de CONDUCTORES y VÌCTIMAS.

demanda contra el estado

data

POST DESTACADO HOY

Consejo de Estado unificó jurisprudencia en materia de incompatibilidades para aspirar a cargos de elección popular. Caso ONEIDA PINTO

Consejo de Estado unificó jurisprudencia en materia de incompatibilidades para aspirar a cargos de elección popular. Caso ONEIDA PINTO El f...

CONSULTA PREVIA : Corte Constitucional ratifica el rango de FUNDAMENTAL al Derecho de las Minorías étnicas a la Consulta Previa / SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPETO MINORIAS ETNICAS





Síguenos en FAcebook: www.facebook.com/BufeteIcedaAbogados
Y entérate de Tips jurídicos y notas útiles que pueden beneficiarte.



En una decisión trascendental para el país y el respeto de las comunidades indígenas, la Corte Constitucional estableció reglas nuevas para la CONSULTA PREVIA. Ha llegado la hora para el país, de no seguir viendo la CONSULTA PREVIA como un simple trámite para empezar a considerarlo seriamente como un Derecho Sustancial de las minorías étnicas.

Es así como cualquier entidad, empresa pública o particular que desee ejecutar cualquier proyecto en territorios indígenas o de minorías étnicas, está obligado a la realización de la CONSULTA PREVIA que por sentencia T-129/11 ha sido elevado al rango de Derecho Fundamental de estas comunidades. Aunque ya la Corte venía tratando esta teoría en algunas sentencias, verbi gracia  T-382 de 2006, en esta última La Corte ratifica de una vez por todas este status y va más allá de lo que pareciera ser permitido como Juez Constitucional. 

Esta difícil decisión ha visto la luz pública, luego de que la Corte analizara la prevalencia en la confrontación de valores constitucionales como EL DESARROLLO ECONÓMICO vs LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y AL PLURALISMO CULTURAL. Concluyendo la corte que el Desarrollo económico del país no puede avanzar atropellando la sostenibilidad ambiental y el respeto de las comunidades étnicas Colombianas. 

Al realizarse la CONSULTA PREVIA, los interesados deberá garantizar y dar verdadera participación a los miembros de las comunidades. De no darse este presupuesto, no podrá considerarse aprobada ni agotada esta etapa; y los jueces cuando obren como guardián de la Constitución podrán ordenar la suspensión de los proyectos


REGLAS NUEVAS PARA LA CONSULTA PREVIA - REGLAMENTACIÓN INICIAL VÍA JURISPRUDENCIA PARA LA CONSULTA  PREVIA


- La Consulta deberá agotarse en todos los casos de intervención sobre tierras de minorías. 

- La Consulta no será sólo previa si no también posterior.Las comunidades tendrán Derecho a intervenir, participar y decidir durante la ejecución de los proyectos económicos y de infraestructura. 

- La consulta deberá hacerse no antes de empezar las obras como tal o los primeros actos que exterioricen los proyectos, si no desde su misma concepción, desde su planeación y factibilidad. 

- La Consulta Previa es categorizada como Derecho Fundamental y como tal, la Corte ha ordenado al Congreso de la República adoptar y aprobar la LEY ESTATUTARIA que la reglamente

- De las utilidades de los proyectos que se ejecuten sobre territorios étnicos, deberá darse una participación digna a las comunidades. Este punto será objeto precisamente de la reglamentación que expida el Congreso.  




Sobre este punto vale la pena anotar, y dado el boom que vive Colombia con algunos minerales como el tantalio, Coltán, y otros, que todas las empresas mineras que deseen explotar estos minerales en territorio étnicos están obligados no sólo a realizar la consulta previa sino también a participar de sus beneficios económicos a dichas comunidades.



Requiere asesoría, planeación o ejecución de la consulta previa para dar viabilidad a algún proyecto minero o de otra clase ???

Consúltenos, realizamos todo el proceso para legalizar su proyecto. 
info@icedaabogadosyasesores.com 

PBX BOGOTÁ : +57 (1) 812-43.03
PBX NEW YORK: +1 (646) 461.61.91





DESCARGUE AQUI LA SENTENCIA T-129/11 
HAGA CLICK SOBRE LA IMAGEN 





La parte resolutiva del fallo fue la siguiente: 


RESUELVE


PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el presente asunto.

SEGUNDO.-  REVOCAR, dentro del asunto de la referencia, el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa con las comunidades étnicas y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de tales pueblos, al igual que a la protección de las riquezas naturales y culturales de la Nación.

TERCERO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia que, en el  término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie los trámites respectivos frente a la consulta previa solicitada por la alcaldía de Acandí el 29 de agosto de 2009, haciéndola extensiva a todas las partes involucradas en el proceso de planeación y ejecución de la carretera, teniendo en cuenta la búsqueda del consentimiento previo, libre e informado de la comunidad ponderando las alternativas reales de modificar el trazado de la vía a las opciones descritas en el informe de la Defensoría del Pueblo que reposan en el proyecto Redes Territoriales de Apoyo a la Gestión Defensoríal Descentralizada - Seccional Urabá de los periodos junio de 2008 a 2009 y a las que la comunidad y el proceso determinen.

La consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado deberá observarse bajo los criterios y garantías descritas en esta providencia. Entre tanto, se ordena SUSPENDER la ejecución de las obras de la carretera denominada Unguía- Acandí ó Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, en el sector K26-00 al K34-700 en el municipio de Acandí, en lo que tenga que ver con el territorio de las comunidades referidas.

CUARTO.- ADVERTIR a la Corporación Autónoma para el Desarrollo del Chocó (Codechocó) que debe abstenerse de expedir licencia ambiental para la construcción de la carretera, sin que se cuente con el agotamiento de la consulta previa en los términos y subreglas fijadas en esta providencia.

QUINTO.- ORDENAR a la alcaldía de Acandí considerar los derechos de las comunidades indígenas de la zona y la importancia de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación. Para materializar lo anterior la alcaldía, por medio de la red de instituciones educativas pertenecientes al municipio, deberá  adelantar de forma periódica y constante campañas pedagógicas sobre la materia.

SEXTO.- ADVERTIR a la Empresa de Interconexión Eléctrica ISA que, en el evento de que el proyecto sea viable y si en el proceso de planificación se advierte la potencialidad de afectar a las comunidades étnicas accionantes, gestione la participación por medio del proceso de consulta previa en los términos señalados en esta providencia, con mayores prevenciones a las que ha tenido en el pasado en cuanto a la protección de comunidades.

SÉTIMO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia, a Ingeominas, a la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial SUSPENDER todas las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera que se estén llevando a cabo o se vayan a adelantar, en desarrollo de contratos de concesión con cualquier persona que tenga la potencialidad de afectar por este aspecto a las comunidades indígenas Embera Katío Chidima Tolo y Pescadito, hasta tanto se agote el proceso de consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado de las comunidades étnicas implicadas, en los términos y subreglas fijadas en esta providencia.

OCTAVO.-ORDENAR  al Instituto Colombiano de Desarrollo rural (Incoder) que, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la presente providencia y en el término de 120 días, expida una resolución motivada en la que se determine si hay lugar o no al englobe o ampliación de los resguardos Pescadito y Chidima. En dicho estudio se deberán contemplar las recomendaciones, razones y pruebas expuestas en esta providencia, sumadas a las que necesariamente serán oficiadas por la entidad y allegadas al proceso. De incumplir esta orden, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– incurrirá en la conducta prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

NOVENO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia que, en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la presente providencia, con la participación de las autoridades mencionadas en el Auto 004 de 2009, es decir, de la Dirección de Acción Social, de la Dirección del ICBF, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Protección Social, del Ministerio de Defensa y de la Dirección del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal-, PRIORICEN en el Plan de salvaguarda étnica de los pueblos identificados en la presente providencia los mecanismos de protección adecuados y efectivos que garanticen la pervivencia de las comunidades. En el cumplimiento de esta orden deberán tener participación efectiva las autoridades de los pueblos indígenas enunciados.

De la misma forma, en dicho proceso se deberá contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, y podrá contarse con el de organismos no gubernamentales cuyos mandatos estén orientados en proteger la seguridad y los derechos de las comunidades étnicas de la Nación.

DÉCIMO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), que dentro de la órbita de sus competencias, pero bajo la filosofía de un trabajo articulado, desplieguen las medidas necesarias para conservar y proteger el medio ambiente en las zonas ampliamente referidas en esta providencia, en especial verificando de forma exhaustiva el cumplimiento serio de los estudios de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas ante los proyectos que se planifica implementar en la zona.

UNDÉCIMO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a Codechocó abstenerse de otorgar (o revocar si es del caso) la licencia ambiental relacionada con el asunto de la referencia que no cumpla con el requisito previo correspondiente a la elaboración de un programa de Arqueología Preventiva el cual debe presentarse al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), so pena de no poder adelantarse ninguna obra en los términos del artículo 7.1 de la Ley 1185 de 2008.

DUODÉCIMO.- ADVERTIR al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación Autónoma del Chocó (Codechocó), de los deberes y obligaciones que les asiste conforme a las consideraciones plasmadas en los numerales (9.7.8  y 9.7.9) de esta providencia.

DECIMOTERCERO.-  ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia, crear e implementar, en el término no superior a ocho (8) meses, un mecanismo de información y coordinación que permita articular a las entidades involucradas en lo relacionado con el derecho fundamental a la consulta previa y la consecución del consentimiento libre, previo e informado en los términos y consideraciones de esta sentencia.

En el cumplimiento de la antedicha orden podrán participar las entidades gubernamentales y no gubernamentales que tanto el Ministerio del Interior y de Justicia, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación estimen pertinentes para garantizar y llevar a buen fin el mandato aquí adoptado.

Los principales fines de esta orden están enfocados en asegurar que los proyectos de impacto social y ambiental, relacionados con proyectos de desarrollo o inversión dentro de territorios étnicos implementen medidas y mecanismos adecuados que minimicen el perjuicio que puedan tener dichos procesos en la capacidad de supervivencia social, económica y cultural de las comunidades étnicas de la Nación en armonía con las consideraciones de esta providencia y en especial con lo puntualizado en el numeral 11.2 de la misma.

DECIMOCUARTO.- En reconocimiento y respeto del grupo indígena accionante y en especial como medida simbólica de reparación y satisfacción, ORDENAR que el Ministerio del Interior y de Justicia coordine y financie la traducción de partes relevantes de la presente sentencia a la lengua Embera y suministre de forma estratégica, dentro de la respectiva etnia, copias de la misma, así como en los organismos educativos que considere pertinente hacerlo.

DECIMOQUINTO.-  EXHORTAR al Congreso y a la Presidencia de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, regulen y a través de sus organismos competentes materialicen el derecho fundamental a la consulta previa y el consentimiento, libre, previo e informado de los grupos étnicos que hacen parte de la Nación. Por Secretaría General envíese copia de la presente sentencia a la Presidencia de la República y a las Presidencias de Senado y Cámara.

DECIMOSEXTO.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, por medio de sus áreas respectivas, que apoyen, acompañen y vigilen el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos y órdenes adoptadas.  Por Secretaría General, ofíciese a las referidas entidades para que coordinen y creen la comisión pertinente para tal fin.

DECIMOSÉTIMO.-  ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en el término de un (1) año rindan a la Corte Constitucional un informe detallado del cumplimiento de las órdenes adoptadas en la presente providencia. Sin perjuicio de la competencia que tiene el juez de primera instancia  para asegurar el cumplimiento del fallo de tutela conforme al Decreto 2591 de 1991.

Del anterior informe se enviará copia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

DECIMOCTAVO.-  LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.


















Sentencia
T-129/11





Referencia:
expediente T-2451120





Acción de tutela ejercida por Oscar Carupia Domicó y otros, a nombre
de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito pertenecientes a la etnia Embera-Katío
contra los Ministerios de Transporte, Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Interior y de Justicia, de Minas y Energía, de Agricultura, de
Defensa, el Consejo Asesor de Regalías adscrito al Departamento Nacional de
Planeación, las alcaldías de Unguía y Acandí, la Corporación Autónoma Regional
del Chocó (Codechocó), el Ejército Nacional, la Brigada XVII y la Agencia
Logística de las Fuerzas Militares.





Magistrado Ponente:


Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO





Bogotá D. C., tres (03) de marzo de dos mil once (2011).





La Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  y Jorge Iván Palacio
Palacio en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere
la siguiente: 





SENTENCIA





dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala
Única del Tribunal Superior de Quibdó y la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Oscar
Carupia Domicó y otros, a nombre de los resguardos Embera-Katío, Chidima-Tolo y
Pescadito contra el Ministerio de Transporte y otros. Para efectos
metodológicos la Sala reseña a continuación, de manera esquemática, el
contenido de la providencia:




.
.
.
.
.
Recibe nuestros Tips, Novedades y actualizaciones en tu correo