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EN ESTA PÁGINA, MENCIONAREMOS ALGUNOS CASOS QUE NO ESTÁN PROTEGIDOS POR CONFIDENCIALIDAD CONTRACTUAL Y DONDE SALEN MENCIONADOS ALGUNOS DE NUESTROS ABOGADOS. 
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ALGUNOS DE NUESTROS PROCESOS CON DEMANDANTES, DEMANDADOS Y DENUNCIADOS  


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Discusión Plenaria del Senado:
http://www.secretariasenado.gov.co/debates/g79001.htm


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CASO APODERADO DE VICTIMA EN PROCESO POR HOMICIDIO AGRAVADO en grado de TENTATIVA



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Entrevista al Abogado ALBERTO ICEDA  en el programa "CONTACTO DIRECTO" del Canal Institucional. 

PROGRAMA: CONTACTO DIRECTO
CANAL: INSTITUCIONAL, Colombia 
TEMA DEL PROGRAMA: Accidentalidad Vial
MINUTO INTERVENCIÓN: 16'
FECHA INICIAL DE EMISIÓN : MARZO 4/2013 
TEMA DE ENTREVISTA: Víctimas en Accidentes de Tránsito

En estos momentos estamos más enfocados a representar los procesados o a quienes se le imputan la responsabilidad en accidentes; no obstante le dejamos estos interesantes tips ofrecidos en una entrevista para la televisión.www.AbogadosIceda.com 

 




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Tomado de: http://www.contactodirecto.gov.co/node/72

Inicio
¿Víctima en un accidente de tránsito?

Existen unos mínimos aspectos a tener en cuenta, adicionales a lo contemplado en el SOAT.
Asegúrese y defienda sus derechos!!
En Colombia la mayoría de accidentes de tránsito ocurren en sus ciudades principales. Al menos el 64,1% según informe del Fondo de Prevención Vial.  Sin embargo, un sondeo hecho por CONTACTO DIRECTO en las calles de Bogotá, mostró que son pocas las personas que saben a qué tienen derecho en caso de ser víctimas en un percance de este tipo.
La mayor parte de los ciudadanos que respondieron señalaron -con duda- conocer de la existencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Pero además del SOAT existen otras pólizas privadas que deben ser tenidas en cuenta; tanto las propias en el caso del afectado como las de aquellos que se hayan visto involucrados en el siniestro.
Estas pólizas son generalmente aquellas que se adquieren con la compra del vehículo pues además está demostrado que los accidentes de tránsito son originados en su mayoría con la participación del automotor.
Los incidentes de reparación integral son una herramienta con la que cuenta la víctima en el marco jurídico colombiano. Otra de éstas es el Fondo de Solidaridad para Víctimas, contemplado por el Código de Procedimiento Penal de 2004.
En todo caso, tras un accidente de tránsito con destrucción material significativa y más con lesiones físicas de consideración o graves, es precisamente, la reparación lo que está en juego.

Prueba definitiva
Quizá una y si no la prueba más determinante durante la diligencia de tránsito por accidente es el croquis.  Este plano construido por la autoridad vial recopila todos los pormenores del accidente y permite a futuro despejar dudas sobre responsabilidades.  En todo caso es posible manifestar descuerdo con este documento, para tal efecto puede manifestarlo en la parte final del mismo, pero nunca deje de firmarlo.

Denuncie irregularidades
El ciudadano de a pie puede regular y revisar que el proceso de tránsito por accidente se haga como es debido. “La policía judicial es la única facultada para intervenir en este tipo de accidentes en la recolección de la prueba.  Si hay algún reparo ante esta actividad se puede denunciar en la oficina de control interno y disciplinario de la misma Policía y ante el fiscal que lleve el caso”. Comento José Alberto Iceda, abogado Líder del Bufete Iceda & Abogados

Cómo lograr apoyo económico
La víctima que no cuenta con recursos para atender las consecuencias de un accidente de tránsito puede hacer una solicitud formal o acudir a la defensoría pública que tiene la obligación de asistirla para que, desde la investigación previa, esté representada en aras de garantizar el hallazgo de responsabilidades.

***En estos momentos estamos más enfocados a representar los procesados o a quienes se le imputan la responsabilidad en accidentes; no obstante le dejamos estos interesantes tips ofrecidos en una entrevista para la televisión.www.AbogadosIceda.com 
 





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Tomado del Periódico "La Tarde"
1 de junio de 2004


La situación de 180 familias de Caimalito está por resolverse
Surge desacuerdo en torno a la banca férrea


Un cambio en los términos cómo se esperaba llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, en torno la reubicación de 180 familias que aún viven en la antigua banca del fe-rrocarril, impidió un acuerdo entre el municipio de Pereira, ente que expropió dichos terrenos, y Ferrovías, entidad del orden nacional que los reclama.

El punto en discordia es la Carbonera, sector donde empalma la obra que viene desde el Valle con la antigua vía y debe seguir hasta La Feliza.

Los contactos entre las partes, tienden además a aclarar de una vez por todas la situación de cinco mil familias que viven sobre la banca, ante la reactivación del proyecto Red Férrea del Pacífico.

La audiencia de conciliación debió reali-zarse el pasado 21 de mayo, pero la misma se suspendió, pues cambió la posición por parte Ferrovías, acerca de la reubicación de 180 familias.

El Municipio tenía la expectativa de que se aceptara una propuesta según la cual, en un predio asignado por la administración local, el concesionario asumiera el proceso de reubicación.

Cabe recordar que el año anterior, durante el mandato pasado, se hizo un acuerdo en el cual el Municipio disponía de un terreno de 30 mil metros para las casas y el concesionario las construiría.

Ese convenio no se alcanzó a firmar y este año hubo varias audiencias, la última prevista para el viernes 21 de mayo, luego de sostener reuniones con delegados y directivos del Insti-tuto de Concesiones, Inco, del Ministerio de Transporte, del Fondo Nacional de Pasivos y de los Ferrocarriles, con los que só-lo faltaba formalizar el acuerdo.

Sin embargo, el día señalado para la conciliación, se conoció que el concesionario fijó otra posición en el sentido de que no construía las casas.

Lo anterior motivó al alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango a enviar una carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en la cual le expresa la situación, además de una presunta falta de coherencia por parte de los representantes del Gobierno Nacional.

De otro lado, agrega que no ha habido un interlocutor único y ello se refleja en que varias instituciones tienen dife-rencias de opiniones al respecto.

Adicionalmente, afirma que realizar la obra no pasa por el hecho de haber una expro-piación en ese tramo, ya que si se le reconoce la propiedad al Municipio, la administración está dispuesta para que se haga por allí la vía férrea, pero ha faltado coordinación por parte de las entidades ejecutoras.

En el oficio al Primer Mandatario, advierte que si el proyecto resulta costoso para la nación, no es por el municipio de Pereira.

Al respecto, voceros del Instituto de Concesiones, salvaron también su responsabilidad al asegurar que su rol en todo el proceso se circunscribe a la facilitación del diálogo entre las partes.
El proceso
Durante 1997, cuando transcurría la primera administración del alcalde, Juan Manuel Arango, se expidió la resolución 713 del 19 de agosto, mediante la cual, se declaró la expropiación por vía administrativa de los inmuebles de propiedad de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, ubicados en Pereira.

Sin embargo, la reactivación del proyecto, puso en vilo a más de cinco mil familias que viven sobre la banca del ferrocarril.

Es de destacar que hay una reclamación por parte del concesionario del Proyecto Red Férrea del Pacífico, para que las franjas expropiadas vuelvan a la nación.

De otro lado, en marzo de este año, el Consejo de Estado dejó en firme un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, apelado por el Procurador Judicial de Asuntos Administrativos, quien solicitaba derogar la resolución, por tratarse de la expropiación a bienes de uso público, los cuales son inalienables.

La sala que estudió el caso, determinó que "no hay prueba que demuestre que con esta actuación se desconozcan derechos sobre los bienes de uso público".

Al proferirse el fallo, la administración local, fijó su esperanza de llegar a una conciliación con Ferrovías, sin embargo, la negativa de esta última en el sentido de no "apostarle" a la reubicación de las familias, ocasionó que las conversaciones llegaran temporalmente a un "punto muerto".

Visto desde Ferrovías
El concesionario del Proyecto Red Férrea del Pacífico, Ferrovías, se sostiene en la posición de que la vía de la expropiación es ilegal. Según el asesor jurídico de la entidad, José Alberto Iceda, el Municipio debe le-vantar la medida aplicada a los terrenos sobre los cuales no hay asignada una matrícula inmobiliaria.


El Abogado de Ferrovías informó que esto hace parte del acuerdo ante
rior, con lo cual se reconocen los procesos de escrituración adelantados hasta la administración pasada.

También advirtió que actualmente no es posible realizar nuevas escrituraciones, ya que ello sólo es posible jurídicamente hasta los tres años siguientes a la expropiación, pues a partir de ese límite de tiempo, incurriría en el delito de prevaricato.

Se entiende además que levantar la expropiación le devolvería la propiedad a la nación sobre los terrenos, sin embargo, ello no implicaría que necesariamente pasará por allí el recorrido de la vía férrea.

"Nosotros no nos oponemos a que se legalice la situación de la gente", explicó el Jurídico y anotó que por ello tienen previsto una variación en el recorrido, de manera que el tren no pase por Puerto Caldas, pero es inevitable que se toque una parte de Caimalito, específicamente la Carbonera.

Acerca de los términos de la reubicación, admitió que últimamente concluyeron que no es lo más conveniente adelantar este proceso y explicó que tales procedimientos resultan más dispendiosos, pues pueden pasar hasta tres años tratando de resolver casos puntuales.

En este sentido, resaltó que para estudiar alternativas, se buscará adelantar la fecha de una reunión con el municipio de Pereira, prevista inicialmente para el 22 de junio; sin embargo, no destacó que se tuviera ya alguna contrapropuesta a la negativa de adelantar la reubicación."


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Tomado del periódico "El Tiempo" Página Nacional Noviembre 13 de 2004. Este Caso fue llevado por uno de nuestros Abogados Asociados.




EL PLEITO FÉRREO QUE VAN PERDIENDO PASTRANA Y URIBE

El 15 de agosto del 2002, en pleno empalme entre los gobiernos Pastrana y Uribe, estalló un escándalo que causó roces y puso furiosos a los funcionarios entrantes y salientes.

Ese día, visiblemente indignado, el recién nombrado ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, denunció que a pesar de que el ex ministro Rudolf Hommes -gerente de empalme de Alvaro Uribe- le recomendó al gobierno Pastrana no firmar un acuerdo ferroviario (por 28 millones de dólares), por ser lesivo para la Nación, este había sido suscrito.
Se refería al contrato para la rehabilitación de 113 kilómetros de red entre Cartago y la Felisa (Valle), pactado el 21 de julio de ese año entre el entonces director de Ferrovías, Luis Diego Noguera, y la firma Tren de Occidente S.A. y que hace parte de una concesión más grande, firmada a 30 años y que involucra 498 kilómetros.
Según Gallego, el trayecto presentaba, desde la firma del contrato, problemas ajenos al contratista (invasiones y expropiaciones) y en consecuencia la Nación quedaba ad portas de una demanda que en su momento se calculó en más de 40 millones de dólares (unos 88 mil millones de pesos de la época).
Y aunque Hommes le avisó a Guillermo Fernández de Soto, su interlocutor con la administración Pastrana, y este al entonces ministro de Transporte, Gustavo Canal, y a su vez este a los funcionarios de turno, la transacción salió avante. Todo ello, a pesar de que, según las denuncias, traería enormes sobrecostos y comprometía vigencias futuras.
El epílogo fue que Noguera salió de Ferrovías por la puerta trasera y Canal optó por instaurar una acción popular -lo propio hizo un particular- en la que advertía que el contrato iba en contra de la moralidad pública y amenazaba el patrimonio de la Nación y, en consecuencia, la justicia debía declarar su nulidad.
A su vez, ante las dudas que el contrato generó, el actual Gobierno, a través de Ferrovías y del Ministerio de Transporte, le encomendó a la Sociedad Colombiana de Ingenieros estimar el valor real del mismo, el cual fue calculado en 17 millones de dólares. En otras palabras, mediaba un sobrecosto de casi 11 millones de dólares.
Pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca acaba de fallar uno de los procesos -el del particular- y para sorpresa de la administración Uribe y la de Pastrana, no encontró mérito alguno para echar abajo el contrato.
Más aun, Ferrovías y Tren de Occidente creen que el fallo dejó sin efecto la demanda del ex ministro Canal, y se aprestan a enviar a esa alta corporación memoriales en ese sentido, pero el tema tendrá que ser estudiado.
Canal observa que la justicia debe analizar el otro expediente -la demanda que él presentó- pues en él hay pruebas y soportes diferentes sobre la inconveniencia de este contrato para la Nación y las anomalías que se presentaron en su suscripción.
Sin embargo, personas cercanas al proceso advierten que es extraño que Canal demande un contrato que él mismo consideró conveniente cuando era ministro de Transporte, tal y como consta en el expediente.
Mientras la justicia define si el segundo proceso sigue su curso el Gobierno también tendrá que decir qué va a hacer (ver recuadro).
Lo cierto es que el pasado 8 de septiembre la sección cuarta de este alto tribunal rechazó las pretensiones del demandante, que al igual que el ex ministro Canal, pedía dejar sin efecto el contrato de transacción, frenar los pagos a Tren de Occidente y ordenarles el reintegro inmediato de los casi 10 mil millones de pesosá que se les desembolsaron a manera de anticipo.
A juicio de los magistrados, el contrato se firmó actuando bajo los principios de la buena fe y equidad, y de conformidad con la Constitución y la ley.
Así mismo, que este buscó, como lo demostró en sus alegatos el abogado de Ferrovías en el caso, José Alberto Iceda Ruiz, sortear posibles controversias contractuales con Tren de Occidente y proteger al Estado de ir a un tribunal de arbitramento donde muy seguramente, como consta en el expediente, se condenaría a la Nación a pagar más de 40 millones de dólares.
También, asegura el Tribunal, Ferrovías usó y realizó todos los trámites previstos en la ley, incluido el de comprometer vigencias futuras.
Tras revisar el expediente, se halló que, paradójicamente, el Ministerio de Transporte terminó defendiendo algunos puntos que se le endilgan al polémico contrató.
Por ejemplo, le dijoáal Tribunal que no les consta que la transacción generaría enormes sobrecostos (como se dijo inicialmente) o que traería demandas ante la imposibilidad de entregar terrenos.
EL TIEMPO intentó conocer la opinión de Tren de Occidente y de Noguera sobre el fallo, pero no respondieron a las diferentes llamadas que se les hicieron.
Se espera que esta semana el Gobierno anuncie la posición jurídica que asumirá sobre el tema.
YA SE HAN PAGADO US $14 MILLONES El Ministerio de Transporte manifestó que es al Instituto Nacional de Concesiones (Inco), en cabeza de Luis Carlos Ordosgoitia, a quien le corresponde fijar posiciones sobre este caso, pero al cierre de esta edición aún no se había tenido respuesta del instituto.
No obstante, se pudo conocer que a pesar de las reservas del actual Gobierno en torno al caso y de las certificaciones del la Sociedad de Ingenieros sobre los millonarios sobrecostos, Tren de Occidente sigue recibiendo los desembolsos.
Fuentes cercanas al caso le aseguraron a EL TIEMPO que los giros alcanzan los 14 millones de dólares y que con ellos se pretende evitar que la Nación sea demandada por incumplimiento de la transacción.
Hay una cláusula que indica que si la Nación incumple debe pagar 40 millones de dólares , dijo.
En todo caso, los conceptos de la Sociedad de Ingenieros -hechos tras varias visitas de campo y por los que se han pagado 45 millones de pesos- serán estudiados así como la tesis de que la decisión del Tribunal da tránsito a cosa juzgada y frenaría la demanda del ex ministro Gustavo Canal.
Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
14 de noviembre de 2004
Autor
NULLVALUE
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