Acción Popular contra el Municipio de Pereira por expropiación de la banca férrea.
Tomado del Periódico "La Tarde"
1 de junio de 2004
La situación de 180 familias de Caimalito está por resolverse
Surge desacuerdo en torno a la banca férrea
Un cambio en los términos cómo se esperaba llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, en torno la reubicación de 180 familias que aún viven en la antigua banca del fe-rrocarril, impidió un acuerdo entre el municipio de Pereira, ente que expropió dichos terrenos, y Ferrovías, entidad del orden nacional que los reclama.
El punto en discordia es la Carbonera, sector donde empalma la obra que viene desde el Valle con la antigua vía y debe seguir hasta La Feliza.
Los contactos entre las partes, tienden además a aclarar de una vez por todas la situación de cinco mil familias que viven sobre la banca, ante la reactivación del proyecto Red Férrea del Pacífico.
La audiencia de conciliación debió reali-zarse el pasado 21 de mayo, pero la misma se suspendió, pues cambió la posición por parte Ferrovías, acerca de la reubicación de 180 familias.
El Municipio tenía la expectativa de que se aceptara una propuesta según la cual, en un predio asignado por la administración local, el concesionario asumiera el proceso de reubicación.
Cabe recordar que el año anterior, durante el mandato pasado, se hizo un acuerdo en el cual el Municipio disponía de un terreno de 30 mil metros para las casas y el concesionario las construiría.
Ese convenio no se alcanzó a firmar y este año hubo varias audiencias, la última prevista para el viernes 21 de mayo, luego de sostener reuniones con delegados y directivos del Insti-tuto de Concesiones, Inco, del Ministerio de Transporte, del Fondo Nacional de Pasivos y de los Ferrocarriles, con los que só-lo faltaba formalizar el acuerdo.
Sin embargo, el día señalado para la conciliación, se conoció que el concesionario fijó otra posición en el sentido de que no construía las casas.
Lo anterior motivó al alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango a enviar una carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en la cual le expresa la situación, además de una presunta falta de coherencia por parte de los representantes del Gobierno Nacional.
De otro lado, agrega que no ha habido un interlocutor único y ello se refleja en que varias instituciones tienen dife-rencias de opiniones al respecto.
Adicionalmente, afirma que realizar la obra no pasa por el hecho de haber una expro-piación en ese tramo, ya que si se le reconoce la propiedad al Municipio, la administración está dispuesta para que se haga por allí la vía férrea, pero ha faltado coordinación por parte de las entidades ejecutoras.
En el oficio al Primer Mandatario, advierte que si el proyecto resulta costoso para la nación, no es por el municipio de Pereira.
Al respecto, voceros del Instituto de Concesiones, salvaron también su responsabilidad al asegurar que su rol en todo el proceso se circunscribe a la facilitación del diálogo entre las partes.
El proceso
Durante 1997, cuando transcurría la primera administración del alcalde, Juan Manuel Arango, se expidió la resolución 713 del 19 de agosto, mediante la cual, se declaró la expropiación por vía administrativa de los inmuebles de propiedad de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, ubicados en Pereira.
Sin embargo, la reactivación del proyecto, puso en vilo a más de cinco mil familias que viven sobre la banca del ferrocarril.
Es de destacar que hay una reclamación por parte del concesionario del Proyecto Red Férrea del Pacífico, para que las franjas expropiadas vuelvan a la nación.
De otro lado, en marzo de este año, el Consejo de Estado dejó en firme un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, apelado por el Procurador Judicial de Asuntos Administrativos, quien solicitaba derogar la resolución, por tratarse de la expropiación a bienes de uso público, los cuales son inalienables.
La sala que estudió el caso, determinó que "no hay prueba que demuestre que con esta actuación se desconozcan derechos sobre los bienes de uso público".
Al proferirse el fallo, la administración local, fijó su esperanza de llegar a una conciliación con Ferrovías, sin embargo, la negativa de esta última en el sentido de no "apostarle" a la reubicación de las familias, ocasionó que las conversaciones llegaran temporalmente a un "punto muerto".
1 de junio de 2004
La situación de 180 familias de Caimalito está por resolverse
Surge desacuerdo en torno a la banca férrea
Un cambio en los términos cómo se esperaba llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, en torno la reubicación de 180 familias que aún viven en la antigua banca del fe-rrocarril, impidió un acuerdo entre el municipio de Pereira, ente que expropió dichos terrenos, y Ferrovías, entidad del orden nacional que los reclama.
El punto en discordia es la Carbonera, sector donde empalma la obra que viene desde el Valle con la antigua vía y debe seguir hasta La Feliza.
Los contactos entre las partes, tienden además a aclarar de una vez por todas la situación de cinco mil familias que viven sobre la banca, ante la reactivación del proyecto Red Férrea del Pacífico.
La audiencia de conciliación debió reali-zarse el pasado 21 de mayo, pero la misma se suspendió, pues cambió la posición por parte Ferrovías, acerca de la reubicación de 180 familias.
El Municipio tenía la expectativa de que se aceptara una propuesta según la cual, en un predio asignado por la administración local, el concesionario asumiera el proceso de reubicación.
Cabe recordar que el año anterior, durante el mandato pasado, se hizo un acuerdo en el cual el Municipio disponía de un terreno de 30 mil metros para las casas y el concesionario las construiría.
Ese convenio no se alcanzó a firmar y este año hubo varias audiencias, la última prevista para el viernes 21 de mayo, luego de sostener reuniones con delegados y directivos del Insti-tuto de Concesiones, Inco, del Ministerio de Transporte, del Fondo Nacional de Pasivos y de los Ferrocarriles, con los que só-lo faltaba formalizar el acuerdo.
Sin embargo, el día señalado para la conciliación, se conoció que el concesionario fijó otra posición en el sentido de que no construía las casas.
Lo anterior motivó al alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango a enviar una carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en la cual le expresa la situación, además de una presunta falta de coherencia por parte de los representantes del Gobierno Nacional.
De otro lado, agrega que no ha habido un interlocutor único y ello se refleja en que varias instituciones tienen dife-rencias de opiniones al respecto.
Adicionalmente, afirma que realizar la obra no pasa por el hecho de haber una expro-piación en ese tramo, ya que si se le reconoce la propiedad al Municipio, la administración está dispuesta para que se haga por allí la vía férrea, pero ha faltado coordinación por parte de las entidades ejecutoras.
En el oficio al Primer Mandatario, advierte que si el proyecto resulta costoso para la nación, no es por el municipio de Pereira.
Al respecto, voceros del Instituto de Concesiones, salvaron también su responsabilidad al asegurar que su rol en todo el proceso se circunscribe a la facilitación del diálogo entre las partes.
El proceso
Durante 1997, cuando transcurría la primera administración del alcalde, Juan Manuel Arango, se expidió la resolución 713 del 19 de agosto, mediante la cual, se declaró la expropiación por vía administrativa de los inmuebles de propiedad de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, ubicados en Pereira.
Sin embargo, la reactivación del proyecto, puso en vilo a más de cinco mil familias que viven sobre la banca del ferrocarril.
Es de destacar que hay una reclamación por parte del concesionario del Proyecto Red Férrea del Pacífico, para que las franjas expropiadas vuelvan a la nación.
De otro lado, en marzo de este año, el Consejo de Estado dejó en firme un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, apelado por el Procurador Judicial de Asuntos Administrativos, quien solicitaba derogar la resolución, por tratarse de la expropiación a bienes de uso público, los cuales son inalienables.
La sala que estudió el caso, determinó que "no hay prueba que demuestre que con esta actuación se desconozcan derechos sobre los bienes de uso público".
Al proferirse el fallo, la administración local, fijó su esperanza de llegar a una conciliación con Ferrovías, sin embargo, la negativa de esta última en el sentido de no "apostarle" a la reubicación de las familias, ocasionó que las conversaciones llegaran temporalmente a un "punto muerto".
Visto desde Ferrovías
El concesionario del Proyecto Red Férrea del Pacífico, Ferrovías, se sostiene en la posición de que la vía de la expropiación es ilegal. Según el asesor jurídico de la entidad, José Alberto Iceda, el Municipio debe le-vantar la medida aplicada a los terrenos sobre los cuales no hay asignada una matrícula inmobiliaria.
El Abogado de Ferrovías informó que esto hace parte del acuerdo anterior, con lo cual se reconocen los procesos de escrituración adelantados hasta la administración pasada.
También advirtió que actualmente no es posible realizar nuevas escrituraciones, ya que ello sólo es posible jurídicamente hasta los tres años siguientes a la expropiación, pues a partir de ese límite de tiempo, incurriría en el delito de prevaricato.
Se entiende además que levantar la expropiación le devolvería la propiedad a la nación sobre los terrenos, sin embargo, ello no implicaría que necesariamente pasará por allí el recorrido de la vía férrea.
"Nosotros no nos oponemos a que se legalice la situación de la gente", explicó el Jurídico y anotó que por ello tienen previsto una variación en el recorrido, de manera que el tren no pase por Puerto Caldas, pero es inevitable que se toque una parte de Caimalito, específicamente la Carbonera.
Acerca de los términos de la reubicación, admitió que últimamente concluyeron que no es lo más conveniente adelantar este proceso y explicó que tales procedimientos resultan más dispendiosos, pues pueden pasar hasta tres años tratando de resolver casos puntuales.
En este sentido, resaltó que para estudiar alternativas, se buscará adelantar la fecha de una reunión con el municipio de Pereira, prevista inicialmente para el 22 de junio; sin embargo, no destacó que se tuviera ya alguna contrapropuesta a la negativa de adelantar la reubicación."
El concesionario del Proyecto Red Férrea del Pacífico, Ferrovías, se sostiene en la posición de que la vía de la expropiación es ilegal. Según el asesor jurídico de la entidad, José Alberto Iceda, el Municipio debe le-vantar la medida aplicada a los terrenos sobre los cuales no hay asignada una matrícula inmobiliaria.
El Abogado de Ferrovías informó que esto hace parte del acuerdo anterior, con lo cual se reconocen los procesos de escrituración adelantados hasta la administración pasada.
También advirtió que actualmente no es posible realizar nuevas escrituraciones, ya que ello sólo es posible jurídicamente hasta los tres años siguientes a la expropiación, pues a partir de ese límite de tiempo, incurriría en el delito de prevaricato.
Se entiende además que levantar la expropiación le devolvería la propiedad a la nación sobre los terrenos, sin embargo, ello no implicaría que necesariamente pasará por allí el recorrido de la vía férrea.
"Nosotros no nos oponemos a que se legalice la situación de la gente", explicó el Jurídico y anotó que por ello tienen previsto una variación en el recorrido, de manera que el tren no pase por Puerto Caldas, pero es inevitable que se toque una parte de Caimalito, específicamente la Carbonera.
Acerca de los términos de la reubicación, admitió que últimamente concluyeron que no es lo más conveniente adelantar este proceso y explicó que tales procedimientos resultan más dispendiosos, pues pueden pasar hasta tres años tratando de resolver casos puntuales.
En este sentido, resaltó que para estudiar alternativas, se buscará adelantar la fecha de una reunión con el municipio de Pereira, prevista inicialmente para el 22 de junio; sin embargo, no destacó que se tuviera ya alguna contrapropuesta a la negativa de adelantar la reubicación."
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